No en parla ningú. No forma part de l'agenda meditàtica. El Bassas no en diu mai res. Però ja està aquí: la reforma fiscal del PSOE.
En qualsevol altre país hauria ocupat les pàgines dels diaris i les tertúlies de la ràdio. Però aquí no. Aquí la cosa va de l'hoquei sobre patins i el burro català. No hi ha temps per banalitats com el sistema fiscal. Excepte a Qualcosa di Sinistra (per coglioni, suposo). Com que el tema ens preocupa, us adjuntem un fragment d'un text que us pot ser d'interès. Es tracta d'un document elaborat per Joves d'Esquerra Verda, les joventuts d'ICV.
BAJAR IMPUESTOS NO ES DE IZQUIERDAS
(Y MENOS BAJÁRSELOS A LOS RICOS)
Porqué debemos oponernos a la reforma fiscal.
[...] nos oponemos a la reforma del IRPF y del Impuesto de sociedades incluida en el Anteproyecto de Ley del gobierno central por 3 razones:
Por razones de principios políticos: por el continuismo que supone respecto a la política fiscal neoliberal del PP; la reducción como mínimo en 4000 millones de euros (estimación del gobierno central, que se repartiría a partes iguales entre reducción de recaudación por IRPF e Impuesto de Sociedades) en los ingresos del Estado como consecuencia de esta reforma está orientada en la perspectiva de
a) bien hacer más regresivo el sistema fiscal y redistribuir las cargas fiscales hacia las rentas más bajas reduciendo los impuestos directos e incrementando los indirectos,
b) bien reducir los ingresos del Estado y por tanto su capacidad de intevenir en la economía, ofrecer servicios que no son o no pueden ser ofrecidos por el mercado y su capacidad de redistribuir la renta,
c) bien una combinación de las dos anteriores.
Además ni siquiera la versión más derechista del keynesianismo (que favorecería la reducción de la presión fiscal frente a los otros instrumentos de política económica para estimular la demanda agregada) permite justificar la reducción de la presión fiscal en la fase expansiva del ciclo económico, y menos aún dada la importancia de los elementos especulativo-inmobiliarios del mismo. Por no decir lo que supone para España (con una presión fiscal menor en un 5% del PIB que la media comunitaria y un 6% que la media de la zona euro) la caída en un ulterior 0,5 % del PIB de los ingresos del Estado para la construcción de un auténtico Estado de bienestar (ya que el actual es raquítico).
También supondrá una reducción de la capacidad financiera de la Generalitat (se calcule con o sin nuevo sistema de financiación, ya que el IRPF es una de las principales vías de ingreso en ambos); reducción que puede llegar ser relativamente mayor que para otras comunidades o para el gobierno central, dadas las respectivas estructuras de renta y el diseño del nuevo impuesto.
Por los contenidos económicos de la reforma: además de rechazar la reforma porque supone una reducción de la presión fiscal y de que esto va en la dirección contraria a la de nuestro proyecto político (es decir, por sus efectos indirectos), rechazamos esta reforma fiscal porque directamente supone una reducción de impuestos para las rentas altas (sean del trabajo o del capital) en el IRPF y una reducción de la imposición al capital (IS) relativamente aún mayor. A pesar de algunos pasos positivos en pocos temas concretos, en general la reforma debe ser valorada negativamente y como un paso atrás.
Aunque en la práctica supone una reducción impositiva para casi todos los contribuyentes, globalmente el sistema será más regresivo por la reducción de tramos, por la reducción de la imposición del ahorro para las rentas altas y su incremento para las bajas, y porque al final las clases trabajadoras se verán más afectadas por la reducción de servicios públicos consecuencia de la reducción de los ingresos del Estado o el incremento de los impuestos indirectos (regresivos) para financiarlos. Por esto para las clases trabajadoras la reducción de impuestos es un mal negocio, un arma de doble filo de la que tienen más que perder que ganar. Un breve análisis puede ilustrar los efectos regresivos de la reforma.
Los elementos principales de la reforma son:
1) Cambios en la tarifa del IRPF. Son cambios tanto en los tramos como en los tipos (el % de la renta de cada tramo que se paga como impuesto sobre la renta).
· Se reducen los tramos (se suprime el primero que tributa al 15%) de 5 a 4. A pesar de que se amplían las reducciones por mínimo familiar y se aplican de un modo más progresivo (ver más adelante), los beneficios se concentran sobre grupos de rentas muy bajas (aunque no los de menores rentas) pero de escasa densidad, y la mayoría de la clase trabajadora (en niveles bajos y medios de renta) verá poco perceptibles las reducciones. No así las rentas medio-altas y altas (que tributan en varios tramos y a marginales superiores), ya que el desplazamiento hacia adelante de la renta a que se aplica cada tipo (ver tabla) les supondrá mayores reducciones (además de aprovechar también la reducción de los tramos más bajos). La reducción de tramos reduce en sí la progresividad de un sistema fiscal, que consiste en hacer que quién tenga una renta más elevada pague proporcionalmente más. Reducir el número de tramos para “simplificar” el impuesto como dice el gobierno no tiene ningún sentido, ya que lo que interesa desde una perspectiva de izquierdas es que un sistema fiscal sea progresivo, no simple. Por otra parte la simplificación por reducción de tramos consiste en una suma y un producto menos, lo que lo hace en la práctica rídiculo para defender la nueva estructura impositiva.
· Se reduce un 2% el tipo marginal del último tramo (del 45% al 43%). Esta medida no tiene justificación alguna desde nuestro punto de vista y no es más que una reducción desvergonzada para las rentas elevadas. Más preocupante aún es que el gobierno central se enorgullezca de ello y lo presente como uno de los elementos más positivos de la reforma.
· Los tramos se desplazan hacia adelante (los tipos se aplican para niveles de rentas más altos). El efecto es reducir la presión fiscal especialmente para las rentas más elevadas, ya que las más bajas tributan a pocos tramos. Por ejemplo, más de la mitad de los contribuyentes tributarán al tipo marginal del 24%, lo que no constituye precisamente un buen ejemplo de progresividad.
· Las deducciones por mínimo personal se aplican a la cuota (se quita la deducción a lo que te toca pagar) y no a la base como ahora (se quita la deducción a la renta sobre la que se calcula lo que te toca pagar).
Aumentan las deducciones por mínimo personal de 3.400 a 5.050 euros. A esto hay que añadir para los asalariados una ulterior deducción que pasa de 3.500 a 4.000 euros. Este elemento supone eliminar los efectos perversos de las deducciones en la base que introdujo el PP que generaba deducciones mayores a mayores niveles de renta. Si tu marginal era de un 45%, por cada euro de deducción te ahorrabas 45 céntimos, y si era del 15% la deducción era 15 céntimos. Es un elemento positivo pero por sí mismo no puede hacer cambiar el juicio negativo sobre la reforma, ya que los efectos absolutos de este cambio son casi inapreciables (aunque teóricamente sea más progresivo, no implica magnitudes monetarias considerables).
2) Las desgravaciones por vivienda se mantienen como ahora (desgravaciones para la compra y no para el alquiler); se elimina la desgravación adicional en caso de que la compra se realice con hipoteca. En ausencia de una deducción por alquiler que altere los precios relativos de las opciones de compra y alquiler para estimular el último, la eliminación del aumento de desgravación por hipoteca recae sobre los sectores más desfavorecidos que soportan con mayor dificultad las cargas hipotecarias. En general se mantiene el estímulo perverso a la opción de compra, elemento del sistema fiscal español que ha contribuido a alimentar la subida de precios de la vivienda (y por tanto la burbuja subyacente) y a contraer el mercado del alquiler. La filosofía es diametralmente opuesta a nuestra política, basada en una reorientación de los estímulos fiscales hacia el alquiler combinada con una sólida intervención pública en el mercado tanto como oferente como regulador. Pero toda intervención en el segundo sentido se verá limitada por el diseño de unas desgravaciones fiscales que siguen haciendo racionalmente más atractiva la opción de compra, dada la ausencia total de desgravación por alquiler. La política de izquierdas es la que va en dirección contraria.
3) La tributación del “ahorro” (beneficios del capital financiero) se unifica al 18% (antes había varias fórmulas para las varias formas de ahorro). Esto se ha vendido por parte del gobierno central y prensa afín como un aumento de la imposición al ahorro (como concesión hacia la izquierda), aunque la realidad es que muy pocas figuras del ahorro ven aumentado su tipo impositivo, las que lo ven son las correspondientes a las rentas más bajas (las que tributaban en la escala general del IRPF a menos del 18%) y la tributación del ahorro se reduce en numerosas figuras para las rentas más elevadas, ya que muchas de ellas dejan de tributar en la escala general (en función de la renta, del 15% al 45% en la escala antigua) y pasan a hacerlo al antedicho 18%; de esta manera la tributación al ahorro se vuelve más regresiva.
Además sigue manteniéndose la discriminación tributaria en función del origen de la renta, de manera que alguien que vive de las rentas del ahorro paga generalmente menos impuestos que alguien que vive de las rentas del trabajo, además de pagar siempre la misma (baja) proporción (18%) independientemente del nivel de renta. También esto es totalmente contrario a nuestra concepción de la equidad y a la progresividad técnicamente hablando, en un sistema tributario que, como mínimo, debería gravar a todas las fuentes de renta según una escala progresiva (si no aplicar una escla con tipos mayores a las rentas del capital). Los siguientes elementos contrarrestan a menudo la bajada de impuestos para las rentas más bajas y acentúan la de las más altas.
-Intereses de cuentas corrientes y depósitos dejan de entrar en la tarifa general (del 15 al 45%). Tributan al 18%. Supone un aumento para las rentas bajas y una disminución para las altas. Además reduce la progresividad global del sistema al transferir fuentes de renta de la base a la que se aplica una escala progresiva y cargarlas con un tipo constante (bastante bajo, por cierto).
-Intereses de Deuda Pública dejan de entrar en la tarifa general (del 15 al 45%). Tributan al 18%. Lo mismo que en el punto anterior.
-Ganancias de la venta de acciones cuya compra y venta se realiza en plazo inferior a un año (especulativas) dejan de entrar en la tarifa general (del 15 al 45%). Tributan al 18%. Mismas consecuencias que los puntos anteriores, con el añadido de que las operaciones especulativas se ven premiadas y estimuladas (ver punto siguiente).
-Ganancias de la venta de acciones cuya compra y venta se realiza en plazo superior a un año (no especulativas) tributaban a un 15%. Ahora lo harán al 18%. Es uno de los pocos casos en que sube el tipo aplicado, aunque precisamente este caso aumenta la rentabilidad financiero-fiscal de las operaciones especulativas al eliminarse el diferencial de gravamen con las no especulativas (aumentando la rentabilidad financiero-fiscal de las primeras).
-Los ingresos por dividendos incrementaban la base en un 140% del valor de los mismos y se reducía de la cuota el 40% de su valor (entraban en la tarifa general en un 140% y se quitaba el 40% de la cuota, lo que te toca pagar). Este sistema hacía que los contribuyentes con menores rentas recibían dinero (más cuanto menor fuera su renta) en vez de pagar impuestos por este concepto y los de rentas elevadas pagaban. Ahora los 1000 primeros euros no tributarán y el resto la hará al 18%, lo que reduce los impuestos para las rentas altas (las que tributaban por encima de una marginal del 45%) y los aumenta para todas aquellas que tributan a un tipo marginal inferior a un 37% (y las que tributan por debajo del 28% dejan de recibir dinero). Además el sistema acentúa su carácter regresivo.
-Seguros: Tributaban a la tarifa general el 60% de los rendimientos en pólizas a más de 2 años y el 25% si eran pólizas a más de 5 años. En otras palabras, el gravamen iba (en función del nivel de renta) del 9% al 27% para el primer caso y del 3,75% al 11,25% para el segundo. Ahora todo tributa al 18%. Así las rentas bajas ven incrementada su presión fiscal y las altas la ven reducida en el primer caso, aumenta para todos (pero más para los pobres) en el segundo y aumenta la regresividad.
-Los rendimientos obtenidos de los fondos de inversión tributaban como las acciones (15% a partir de un año) y ahora pasan al 18%. Sigue manteniéndose la tributación únicamente a la hora de la realización (cuando se retira la inversión). Mismas consideraciones que para las consideraciones sobre acciones: aumento de la regresividad y estímulo a las inversiones especulativas.
-Los planes de pensiones reducen la aportación máxima anual a los 8000 euros (hecho positivo, porque este instrumento se utiliza por las rentas elevadas para reducirse impuestos) pero con límite de aportación del 30% (para menores de 52 años) y del 50% (para mayores de 52 años) de la renta del ejercicio, lo que hace que sea más fácil para los ricos que para los pobres hacer contribuciones (hecho negativo).
En todo caso hay que considerar negativamente los efectos del mantenimiento de deducciones por aportaciones a planes y fondos de pensiones (privados), que se enmarca en la reiterada voluntad (expuesta incluso en la exposición de motivos del Ateproyecto de Ley) de favorecer la formación de un sistema privado de pensiones, que no garantiza el valor futuro de los activos pero supone un suculento pastel para los gestores de fondos (léase bancos u otras entidades financieras), además de ser una amenaza directa a los sistemas públicos de pensiones, reduciendo su papel progresivamente por la vía de los hechos consumados ante el crecimiento (fiscal y por tanto artificialmente estimulado) de los sitemas privados. Por no hablar de que no hay razón para dejar desgravar por una figura aprovechada en sus máximas posibilidades fiscales por las rentas elevadas.
4) El Impuesto de Sociedades bajará del 35% al 30%, y para las pymes del 30% al 25%, entre 2007 y 2011 (se prevé una reducción de un punto anual). Para las empresas dedicadas a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos el IS pasa de un 40% a un 35%. También se prevé reducir las bonificaciones y deducciones aunque esto es más indeterminado. Medida que no cuenta con ninguna justificación en la tradición política de la izquierda. Es el mayor y más simpático regalo al capital. Este punto es justificado por el gobierno con argumentos del más puro estilo neoliberal, como la “globalización económica” y la “mejora del modelo de crecimiento y competitividad”. Lo único que demuestran estos argumentos es la renuncia a un modelo en que la competitividad del país se base en algo más que la reducción de costes laborales, gangas tributarias para las empresas, desregulación ambiental, etc., es decir, en la socialización de los costes y en la privatización de los beneficios. Tanto la medida como los argumentos aducidos para justificarla certifican la claudicación del PSOE en esta materia, hacia el modelo tercermundista de inserción en el mercado internacional que no es ya ni el modelo social-liberal de especialización selectiva.
5) La política de izquierdas debe apostar por un modelo de desarrollo pautado y regulado por el Estado, social y ambientalmente sostenible, que subordine los movimientos de capital a las necesidades ciudadanas. Esto implica un cambio de rumbo en el proceso de construcción europea, que cada vez más se reduce a unión monetaria y mercado único en que las empresas puedan elegir aquella combinación de costes laborales, fiscales y ambientales entre los estados miembros que les permita maximizar beneficios. Este modelo fomenta la competencia fiscal (del que esta reforma es un claro ejemplo) que conduce a una carrera por bajar impuestos para atraer capital, que acaba empobreciendo a todos menos al capital mismo: es la armonización a la baja.
Nuestro modelo exige que la política fiscal sea competencia comunitaria para realizar una armonización al alza y que la política monetaria pase a estar bajo control democrático y asuma el pleno empleo como objetivo prioritario de política económica. De esta manera las políticas monetarias y fiscal podrán ser coherentes (al poder depender del mismo nivel de decisión) y expansivas (al no estar ligada la política fiscal por una monetaria contractiva estatutariamente establecida).
Para que esto sea efectivo es necesario establecer controles a los movimientos de capitales y a la convertibilidad de la moneda: hoy día, poco menos que anatemas.
Los cambios implicados son radicales y exigen aún más cambios radicales en cadena. Nuestro radicalismo no es estético, nace del análisis y de la conclusión de que las contradicciones a las que el neoliberalismo somete a nuestras sociedades solo pueden superarse mediante un cambio de raíz de modelo a todos los niveles.
